La regulación de la eutanasia en Colombia ha sido un tema de gran controversia. A partir de la Sentencia C-239 de 1997 de la Corte Constitucional se fijan criterios para despenalizar el homicidio por piedad, con el fin de garantizar la dignidad del paciente, elevando a la categoría de fundamental, el derecho a morir dignamente. Pese a esto, existen casos en los que no se ha garantizado a los pacientes su derecho o se ha dilatado injustificadamente la práctica del procedimiento. El texto que se presenta, aborda desde un análisis documental la pregunta acerca de la eventual responsabilidad de las instituciones prestadoras de servicios de salud, ante la dilación de la práctica de procedimientos tendentes a garantizar el derecho a morir dignamente por parte de pacientes que están en los supuestos previstos por la jurisprudencia constitucional colombiana.
The regulation of euthanasia in Colombia has been a subject of great controversy. As of Ruling C-239 of 1997 of the Constitutional Court, criteria are established to decriminalize mercy killing, in order to guarantee the dignity of the patient, raising the right to die with dignity to the fundamental category. Despite this, there are cases in which patients have not been guaranteed their right or the practice of the procedure has been unjustifiably delayed. The text that is presented addresses from a documentary analysis the question about the eventual responsibility of the institutions that provide health services, given the delay in the practice of procedures aimed at guaranteeing the right to die with dignity by patients who are in the assumptions provided by the Colombian constitutional jurisprudence.
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