Desde 2007, en Francia, los empleadores tienen la posibilidad de impugnar los certificados que establecen un vínculo entre el trabajo y la salud mental y física de los asalariados ante la Organización Médica Colegial. Esta puede a veces pedir a los médicos que modifiquen sus escritos o incluso sancionarlos. Una presión cada día más insoportable.
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