El presente artículo pretende constituir una aproximación a la normativa y escasa jurisprudencia sobre protección jurídica del patrimonio cultural subacuático, a partir del análisis de un caso concreto en el que se impugnó judicialmente una sanción administrativa impuesta a una empresa “cazatesoros” por realizar prospecciones subacuáticas en búsqueda de dos pecios sin contar con la preceptiva autorización administrativa.
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