José Alberto Allende Pérez de Arce
Uno de las principales aprehensiones que ha generado la implementación de tribunales civiles online, es la situación en la que quedan frente a ellos las personas que no tienen acceso a internet. Por ello en este trabajo proponemos una fórmula para introducir dicho mecanismo de solución de controversias, sin afectar el derecho a la tutela judicial efectiva de aquellas personas que no tienen acceso a la web. En buenas cuentas lo que pretendemos es encontrar el equilibrio entre esta política que ya ha demostrado su valor en términos de ahorrar tiempo y costos de litigación, y la obligación del Estado de garantizar a todos sus habitantes el derecho a acceder a los tribunales de justicia.
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