El proceso de desbordamiento territorial y competencial del título constitucional comprensivo dela política social autonómica

• Myriam Fernandez Herrero ^[1]
  1. [1] Universitat de València

     Universitat de València

     Valencia, España

     
• Localización: Repensar la democracia: inclusión y diversidad : IX Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración: celebrado en Málaga 23, 24 y 25 de septiembre de 2009 / Juan Luis Paniagua Soto (dir. congr.), 2009
• Idioma: español
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• Resumen

  • La Comunidad Valenciana inicia su andadura en 1982 sobre la base de un modelo de gestión del Bienestar Social esencialmente municipalizado.La distribución de la tarea asistencial entre los niveles autonómico y local valencianos, operada por vía normativa, fue meticulosamente regulada según criterios atributivos competenciales hasta principios de la década de los 90.Sin embargo este modelo, fuertemente territorializado sobre la trama municipal, no ha tenido después una clara continuidad, ni en el plano de la articulación legal, ni en el de la planificación de la acción política.No puede afirmarse que esta disrupción haya sido debida ni la emergencia de un modelo alternativo territorializado sobre base distinta (la autonómica), ni a un decidido modelo desterritorializado.En el presente estudio, se hace un seguimiento de ambos planos (el legal-competencial y el de la planificación programática), que apunta hacia una conjunción de ambos vectores, que no parece ni diseñada ni dirigida por los policy makers.Paralelamente al proceso que afecta al territorio, se observa otro proceso que afecta al contenido objetivo de las competencias. En este segundo caso, la evolución afectante a la dimensión material de la política asistencial está bien puesta de manifiesto en la emergencia de una nueva forma de presentarse los problemas sociales.Se trata de cuestiones sociales que, muy reiteradamente, ofrecen una dimensión transversal a la división competencial vertical clásica en torno a la cual vienen repartidas las funciones, hasta ahora, entre las instituciones que deben solventarlas tanto en el nivel autonómico como local.Por tanto, la constatación de un esquema institucional que ya no es eje ejecutivo ni filtro definidor de las necesidades sociales, junto a la dificultad inherente a estos problemas para identificar cuál sea su aspecto nuclear, compelen cada vez más a las instituciones a ensayar fórmulas de gobierno conjunto que superen ambas indefiniciones mediante algún tipo de marco de actuación cooperativo.