La Administración pública ocupa un papel determinante en el mercado del arte, en calidad de delimitador de la exportación, pues el régimen de exportación de bienes culturales está constreñido por autorizaciones administrativas en aras de conservar el patrimonio histórico español. Dicho patrimonio está, por tanto, sujeto a límites que imposibilitan su libre disposición, lo mismo por parte de particulares que por parte de entidades, tanto públicas como privadas. Asimismo, los propietarios de bienes culturales están vinculados por una serie de obligaciones con respecto de los bienes de los que son titulares. A través de un análisis normativo y jurisprudencial, el presente trabajo examina la regulación que supedita la exportación en el mercado del arte al control administrativo, así como las disyuntivas manifestadas en virtud de dicha supeditación. Para una mayor claridad, se abordan dichas cuestiones a través del análisis del caso de las cartas de Colón, que además proporciona las ideas clave en torno a las que gira la problemática: la quizá excesiva discrecionalidad de la Administración a la hora de conceder o denegar permisos de exportación, la posible vulneración del derecho a la propiedad privada, consecuencia de la denegación del permiso de exportación, y el perjuicio económico que esto supone para propietarios de bienes culturales.
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