La participación ciudadana es un derecho. La propia Constitución española, en su Artículo 9.2, encomienda a los poderes públicos facilitar la participación de toda la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social. La ciudadanía quiere opinar, debatir y decidir sobre los asuntos que le afectan. Hombres y mujeres que no renuncian a elegir sus representantes en las instituciones, pero que no quieren delegar el derecho a sentirse partícipes de la mejora de su entorno más cercano.
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