Colombia
El Estado colombiano desde la Carta Política de 1991 generó un desarrollo normativo general, entre ello, impuso que las actuaciones de las entidades públicas tengan un apego a los fines y principios establecidos en el régimen constitucional, de ello, que se haya establecido la regla y carga de responsabilidad patrimonial de las entidades públicas por sus acciones y omisiones, donde generen un daño contra cualquier persona, sin que este tenga el deber jurídico de soportarlo; lo anterior como garantía y tranquilidad de las personas en la consecución de los bienes jurídicos tutelados por parte del sistema jurídico.
En ese contexto, las reclamaciones y requerimientos judiciales y administrativos de las personas no fueron de esperar. La carga de responsabilidad del Estado es clara y desde la vigencia constitucional a la fecha han sido diferentes situaciones en las que los agentes públicos generaron afectaciones y perjuicios a las personas, de ello, que el sistema de responsabilidad del Estado sea un tema de gran desarrollo jurisprudencial.
La carga judicial de las diferentes entidades públicas de los diferentes órdenes, es un asunto que no fue abordado de forma oportuna, generando el reconocimiento y pago de indemnizaciones por condenas judiciales o conciliaciones, que desencadenó en la creación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado como institución encargada de la protección y vigilancia de las reclamaciones judiciales, con el ánimo de tener una representación judicial efectiva del Estado y con ello evitar incidencias fiscales innecesarias o disminuirlas al máximo.
The Colombian State, since the Political Charter of 1991, generated a general normative development, among which, it imposed that the actions of public entities be consistent with the purposes and principles established in the constitutional regime, of that, that the rule and burden of financial liability of public entities for their actions and omissions have been established, where they cause damage to any person, without that person having the legal duty to bear it; the above as a guarantee and tranquility of the people in the achievement of the legal assets protected by the legal system.
In this context, people’s claims and judicial and administrative requests were not to be expected. The State’s burden of responsibility is clear, and since the Constitution came into force, there have been different situations in which public agents have caused affectations and harm to individuals, making the State's system of responsibility a matter of great jurisprudential development.
The legal burden of the different public entities of the different orders is an issue that was not addressed in a timely manner, generating the recognition and payment of compensation for judicial convictions or conciliations, which led to the creation of the National Agency of legal defense of the State, as an institution responsible for the protection and monitoring of judicial complaints, with the aim of having an effective judicial representation of the State and thus avoid unnecessary tax incidents or reducing them as much as possible.
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