En el año 2016 se renovaron las discusiones sobre la ley de aguas en Guatemala. En ese entonces, el Congreso de la República de Guatemala recibió varias iniciativas de ley. Esto ocurrió en un contexto en el que se volvió relevante para la opinión pública la crisis socioambiental del agua. Que no haya sido aprobada hasta ahora una ley de aguas, más de 30 años después de entrar en vigor la Constitución Política de la República de Guatemala (CPRG) que mandata su creación, es una omisión flagrante de gestión pública. Pero también es un problema de poder. Esta investigación parte de un análisis sobre la inserción del derecho humano al agua en el contexto antes mencionado, así como los motivos de las agrupaciones sociales que manejan este concepto, o aquellas que lo omiten en la medida que la institucionalización del derecho humano al agua en este caso reitera las divisiones sociales e ideológicas que permean la sociedad guatemalteca. Se basa en la revisión documental del contexto político del 2016, el estudio del texto legal y en la conducción de entrevistas a profundidad para comprender las dinámicas relacionales y de poder que circunscribieron el debate público. De la comparación contextualizada de cada caso se desprende una diversidad de perspectivas políticas sobre la gestión del agua y el rol del Estado. Se busca ilustrar las pugnas de poder que influencian las decisiones legislativas y, en última instancia, el pulso político entre actores con un interés en aprobar o frenar la aprobación de la ley.
In 2016, there was a renewal on the public debates surrounding the absent water law in Guatemala. The Guatemalan Congress received many law proposals amidst a public opinion outcry because of the socioenvironmental crisis that affects water sources in the country. The fact that the Government hasn´t approved a water law in thirty years, even though the 1985 Constitution demands one, is a flagrant water management issue. It is also an issue of power. This enquiry was based on a need to understand how the human rights to water debate was inserted in this context, the reasons and motives the parties that took part had to affirm the need to regulate on the matter, or, on the contrary, to omit it from the discussions. In this sense, the institutionalization of the human right to water is seen as a political and social process that reenacts the social and ideological divides that permeate Guatemalan society. The author based this work on a documentary review of the political context of 2016, an analysis of the technical content of a selection of water law initiatives from this ime, and also by carrying out a series of key interviews in order to properly understand the underlying social dynamics that affect the initiatives that push for proper legislation on this matter.
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