Zaragoza, España
En el marco del presente Congreso Internacional, cuyo título no sólo abraza la niñez, sino también la adolescencia y la juventud, es de interés recuperar una cuestión que se consideró especialmente preocupante en el informe emitido por el Secretario General en 2014, en cumplimiento de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 68/179, de protección de los migrantes. Se constata que la transición de los adolescentes a la vida adulta no se produce de forma instantánea una vez cumplidos los 18 años y la incertidumbre sobre la posibilidad de seguir accediendo a servicios básicos como la educación reduce considerablemente su motivación para proseguir los estudios o seguir una formación.Esta preocupación se ha tenido en cuenta al adoptar el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular en 2018. Los Estados se han comprometido a velar por que todos los migrantes, con independencia de su estatus migratorio, puedan acceder a servicios básicos como la educación inclusiva y oportunidades de aprendizaje durante toda su vida (en todos los niveles). A pesar de ello, en España se sigue sin tener un reconocimiento expreso del derecho a la educación de los extranjeros mayores de edad en situación irregular, más allá del vacío que provoca la doble remisión entre la L.O. de educación y la L.O. de extranjería. Los operadores jurídicos son conscientes del carácter universal del derecho a la educación. Sin embargo, a mayor seguridad jurídica, menor incertidumbre que pueda desmotivar a los jóvenes, quienes podrían resolver sus dudas con mayor facilidad.
In the framework of this International Congress, whose title embraces not only childhood, but also adolescence and youth, it is of interest to recover an issue that was considered of particular concern in the report issued by the Secretary-General in 2014, pursuant to UN General Assembly resolution 68/179, on the protection of migrants. It found that adolescents' transition to adulthood does not occur instantaneously once they reach the age of 18, and uncertainty about the possibility of continuing to access basic services such as education significantly reduces their motivation to pursue further education or training. This concern has been taken into account in the adoption of the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration in 2018. States have committed to ensure that all migrants, regardless of their migration status, can access basic services such as inclusive education and lifelong learning opportunities (at all levels). Despite this, in Spain there is still no express recognition of the right to education for foreigners of legal age in an irregular situation, beyond the vacuum caused by the double referral between the O.L. on education and the O.L. on foreigners. Legal operators are aware of the universal nature of the right to education. However, the greater the legal certainty, the less uncertainty that could discourage young people, who could resolve their doubts more easily.
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