El Estado continúa sin garantizar jurídicamente el buen uso y el acceso de los ciudadanos a los archivos informáticos, a pesar de haber ratificado el Convenio del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, pactado en Estrasburgo en 1981 y aparecido en el BOE el 15 de noviembre de 1985.
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