Resumen de Nuevos desafíos en la incorporación del whistleblower en el proceso penal
La Directiva (UE) 201911937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, nace con el principal propósito de establecer un marco jurídico homogéneo entre los países de la Unión Europea que garantice unos estándares mínimos de protección al sujeto que de forma anónima denuncia posibles infracciones o incumplimientos de distinta normativa, en el seno de la empresa, favoreciendo así una lucha eficaz contra la corrupción. Pese a la utilidad de esta figura, su contenido tiene difícil encaje en nuestro sistema procesal penal, pues este recoge una serie de garantías, principalmente en términos de tutela judicial efectiva y derecho de defensa, que impiden que cualquier información pueda acceder y surtir efectos en el proceso penal.
