La duración o extensión temporal de los contratos constituye un elemento estructural de estos, con una influencia crucial para garantizar un nivel de competencia adecuado en las licitaciones públicas y no cerrar el mercado, así como debe ser tenido muy en cuenta por los gestores públicos especialmente a la hora de diseñar los planes de contratación, y determinar las necesidades de promover licitaciones, aplicación del régimen de prórrogas, etc. El presente estudio se centra en realizar algunas breves consideraciones al respecto a partir de la regulación central del art. 29 LCSP.
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