La actuación de las administraciones autonómicas resulta crucial ya que la legislación nacional les atribuye la función de Entidades Públicas de Protección y, como consecuencia, les corresponde asumir y ejercer, en su ámbito territorial, las medidas de protección de la infancia y la adolescencia.
El enfoque de derechos de la infancia es, sin duda, aquel que deben adoptar las administraciones, pero también todos aquellos que intervienen en la vida de los niños, y que considera a los niños como participantes activos, con sus propias opiniones, titulares de derechos y que tienen necesidades e intereses propios que deben ser tenidos en cuenta.
Tanto o más importantes que las actuaciones de las administraciones autonómicas, en cuanto Entidades Públicas de protección son las políticas y recursos de carácter preventivo y de apoyo a las familias; su existencia y desarrollo van a permitirnos detectar necesidades y apoyar en sus soluciones preservando el cuidado del niño en su entorno familiar.
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