Aproximación a la prueba ilícita en el proceso laboral: la videovigilancia como forma de control laboral

• MaríaStephany Soto Zevallos ^[1]
  1. [1] Corte Superior de Justicia de Lima Este
• Localización: Revista de Derecho Procesal del Trabajo: publicación especializada del Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo del Poder Judicial, ISSN-e 2708-9274, Vol. 2, Nº. 2, 2020, págs. 109-133
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Approach to illicit evidence in the labour process: video surveillance as a form of labour control
• Enlaces
  • Texto completo
• Resumen
  • español

    El presente trabajo tiene por objetivo poner en evidencia la ductibilidad del límite legislativo del poder de fiscalización del empleador. Este es favorecido por el uso de términos abstractos como «razonable y necesario». Dichos términos quedan al arbitrio del empleador para su definición y para justificar la aplicación de medidas de control laboral, como por ejemplo la videovigilancia. La referida ductilidad permite la obtención de evidencia con vulneración del derecho fundamental del trabajador a la protección de datos personales relacionados con su dignidad. Frecuentemente, la evidencia llega a ser relevante —especialmente cuando guarda relación con imposiciones de medidas disciplinarias— y es admitida en el procesal laboral sin ningún filtro adicional. Esto último atenta contra el debido proceso, debido a que permite el ingreso de una prueba ilícita; por consiguiente, se produce una transgresión que también repercute en el uso ineficiente de los recursos disponibles, así como la incorporación de información contaminada al proceso.

  • English

    The aim of this paper is to highlight the ductility of the legislative limit of the employer’s supervisory power. This is favoured by the use of abstract terms such as «reasonable and necessary». These terms are left to the employer to define and justify the application of labour inspection measures, such as video surveillance. The referred ductility allows the obtaining of evidence with violation of the fundamental right of the worker to the protection of personal data related to his dignity. Frequently, the evidence is relevant —especially when it relates to the imposition of disciplinary measures— and it is admitted into labour proceedings without any additional filter. The latter violates due process, because it allows the entry of illicit evidence; consequently, there is a transgression that also impacts on the inefficient use of available resources, as well as the incorporation of contaminated information into the process.