Resumen de El impulso de la concertación social autonómica en políticas de empleo: institucionalización del diálogo social y régimen legal común para la participación institucional

Sergio Canalda Criado

• español

  Este artículo estudia los marcos favorables para el surgimiento del diálogo social desde la década del 2000, a saber, la política coordinada de empleo de la Unión Europea y el modelo español de descentralización territorial de la política de empleo. Posteriormente, se estudia el marco institucional de participación de los agentes sociales en la política de empleo, tanto a nivel estatal como autonómico. Así, se analizan las recientes normas aprobadas en las comunidades autónomas, las cuales crean órganos específicos para la concertación social y dotan de un régimen común a la participación institucional de los agentes sociales.Se puede afirmar que el marco autonómico de la política de empleo es idóneo para el diálogo social, atendiendo a la configuración en las nuevas normas de la participación de los agentes sociales como representantes del interés general con poderes negociadores. Sin embargo, no es posible detectar una influencia decisiva de las nuevas normas en los pactos tripartitos

• English

  This article studies the favourable background for the emergence of social dialogue since the 2000s, namely the coordinated employment policy of the European Union and the Spanish model of territorial decentralisation of employment policy. Subsequently, it examines the institutional framework for the participation of the social partners in employment policy, both at national and regional level. Thus, the recent regulations approved in the autonomous communities are analysed, creating specific bodies for social concertation and providing a common regime for the institutional participation of the social partners.It can be affirmed that the autonomous framework of employment policy is a proper one for social dialogue, taking into account the configuration in the new rules of the participation of the social partners as representatives of the general interest with negotiating powers. However, it is not possible to detect a decisive influence of the new rules on the tripartite pacts.