El voto femenino, en Colombia, es relativamente joven. Quizá sería más apropiado decir que es relativamente joven en su práctica, porque desde comienzos del siglo XX se venía reconociendo su necesidad en el legislativo colombiano, aunque no hubo entonces la voluntad política para sacarlo adelante. A partir de 1958 la mujer pasó a ser parte activa de la política colombiana; al menos, a partir de ese año tuvo acceso al sufragio, lo cual constituyó un gran paso porque pasó a ser parte del interés de los gobiernos los cuales sabían del potencial electoral de la mujer que en el Plebiscito de 1957 se expresó con un 50% aproximado de los votos depositados. Aun así, si bien ha ocupado cargos importantes los mismos no incidieron en la situación de la mujer en Colombia. Se han hecho normas que buscan “reivindicar” a la mujer, a través de supuestas concesiones políticas como los porcentajes que se le asignan como “derecho”, en algunas leyes vigentes, como estrategia para convencer a la mujer de que es tenida en cuenta y que cada día su situación es mejor, cuando en realidad lo que se hace no es otra cosa que dosificar los derechos que como persona y al tenor del espíritu constitucional de 1991, corresponden a la mujer, en el marco de igualdad y no discriminación que la identifica. Tras un breve análisis, se concluye que, si bien la mujer es activa políticamente, su situación dista de ser la que idealmente le correspondería en un marco verdaderamente democrático.
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