La pandemia llega al Ecuador en un año en que se preveía la contracción del PIB por la errática política económica del régimen inaugurado en mayo de 2017 y el impacto de mediano plazo de la caída de los precios del petróleo entre 2014 y 2016. Así mismo, la política económica que se aplicó desde 2019 tras la firma del Acuerdo de Servicio Ampliado con el FMI, condujo al recorte del gasto público, lo que debilitó los principales servicios del sistema de protección social y generó un fuerte estallido de protesta social en octubre de 2019. La pandemia llega en un momento de desarticulación y del desprestigio de lo público levantado por el gobierno nacional, y del estrechamiento del espacio de gobernabilidad. Esa política tuvo inmediatas consecuencias, especialmente en Guayaquil donde la pandemia produjo cerca de 6.000 muertes en los primeros meses y un exceso de mortalidad cercana al 1.000%. En medio de esa situación se profundizó el modelo de política económica determinada por el FMI y ampliada por la presión de sectores empresariales, aprobándose la equivocadamente denominada Ley Humanitaria, que, en lo sustancial, contiene medidas para flexibilizar el mercado laboral formal. La debilidad del gobierno para afrontar la pandemia ha hecho que una enfermedad de alcance universal tenga efectos diferenciados, es decir, que se expresen la desigualdad socioeconómica tanto en la incidencia de la enfermedad como en el deterioro significativo de las condiciones de vida.
The pandemic arrives in Ecuador in a year in which GDP contraction was expected due to the erratic economic policy of the regime inaugurated in May 2017 and the medium-term impact of the drop in oil prices between 2014 and 2016. Likewise, The economic policy that was applied since 2019 after the signing of the Expanded Service Agreement with the IMF, led to a cut in public spending, which weakened the main services of the social protection system and generated a strong outbreak of social protest in October 2019 The pandemic comes at a time of disarticulation and of the public discredit raised by the national government, and of the narrowing of the governance space. This policy had immediate consequences, especially in Guayaquil where the pandemic produced about 6,000 deaths in the first months and an excess of mortality close to 1,000%. In the midst of this situation, the economic policy model determined by the IMF and expanded by pressure from business sectors was deepened, approving the wrongly called Humanitarian Law, which, in substance, contains measures to make the formal labor market more flexible. The weakness of the government to face the pandemic has meant that a disease of universal scope has differentiated effects, that is, that socioeconomic inequality is expressed both in the incidence of the disease and in the significant deterioration of living conditions.
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