Serbia y su gobierno, presidido por Aleksandar Vučić desde el pasado 23 de octubre, se enfrentan a dos problemas fundamentales para avanzar hacia la integración en la UE. El primero es el rechazo de la población serbia, así como de su gobierno, a imponer sanciones a Rusia y de esta manera cumplir con la exigencia de que un país candidato debe coordinar su política exterior con la de la Unión. El segundo es el estatus de Kosovo y la presión de la UE y EEUU para la normalización de las relaciones entre Belgrado y Prístina para el mutuo reconocimiento. De la respuesta del gobierno serbio y de la sociedad serbia a estas dos cuestiones depende, en gran medida, su futuro en la UE.
Los mayores obstáculos para que la sociedad serbia aborde racionalmente estas cuestiones es la ambigua y confusa política exterior de su gobierno, el renacimiento de la retórica nacionalista de los años 90 hacia Croacia, la memoria traumática del bombardeo de la OTAN a Serbia en 1999, la apatía política propia de los países post comunistas y la convicción, por parte de la ciudadanía serbia, de que la UE aplica un doble rasero para diferentes candidatos –Ucrania y Moldavia frente a los países de los Balcanes Occidentales–, así como el desacuerdo dentro de la propia UE acerca de la ampliación.
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