Este artículo analiza las vicisitudes y antinomias de la conformidad prestada por un acusado con discapacidad intelectual: así, en primer lugar, se argumenta y defiende que la discapacidad no es una razón suficiente para privar a nadie de su capacidad para prestar su conformidad válidamente, máxime a raíz de la reforma operada por la Ley 8/2021. En segundo lugar, se explora en detalle las especialidades que debe presentar la conformidad, prestando especial atención al consentimiento libre e informado y al contenido del control judicial del mismo. Por último, se estudia el tratamiento procesal de oficio y a instancia de parte que debe darse a las conformidades prestadas sin conocimiento jurídico de las consecuencias del acto o sin reunir la libertad material exigida por la naturaleza del acto procesal.
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