Dentro del mercado único europeo, el mercado de la aviación ha sido un sector económico clave que ha generado una importante riqueza económica a los Estados Miembros, impulsando la conectividad entre los ciudadanos de la Unión Europea. La regulación de este sector, sometido a normativas nacionales diversas, ha ido paulatinamente centralizándose en las instituciones comunitarias competentes en un lógico esfuerzo por lograr un marco normativo homogéneo coherente con la idea de un cielo único europeo en el que las operaciones aéreas alcancen los mayores estándares de seguridad.
Sin embargo, en el aspecto social, este esfuerzo por acabar con las desigualdades regulatorias entre los Estados ha quedado relegado a un segundo plano. Este hecho quizá se deba, tanto al recelo soberanista en una materia tan sensible, como a la priorización de las libertades y oportunidades económicas frente a los derechos sociales de los trabajadores de la Unión.
El plan comunitario para abordar estas diferencias legislativas y solucionar los problemas sociales se concreta en una Agenda social europea cuya materialización no ha concluido, y en el que, sin duda, la firma de las dos declaraciones conjuntas en pro de una conectividad socialmente responsable a cargo de algunos países europeos supone un paso e impulso político trascendental en este proceso social.
Esta es la cronología de esta agenda social europea y la explicación del porqué de estas declaraciones políticas.
Within the European Single Market, the aviation market has been a key economic sector that has generated significant economic wealth to Member States, boosting connectivity between the citizens of the European Union. The regulation of this sector, subject to various national regulations, has gradually been centralized in the competent Community institutions in a logical effort to achieve a homogeneous regulatory framework consistent with the idea of a single European sky in which air operations meet the highest safety standards.
On the social front, however, this effort to end regulatory inequalities between States has been relegated to the background. This is perhaps because it is, both to the sovereignist suspicion in such a sensitive matter, and to the prioritization of economic freedoms and opportunities over the social rights of union workers.
The Community plan to address these legislative differences and solve social problems is set out in a European Social Agenda whose realisation has not been completed, and in which, without a doubt, the signing of the two joint declarations for socially responsible connectivity by some European countries represents a momentous political step and impetus in this social process.
This is the chronology of this European social agenda and the explanation of why these political statements are.
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