Paula De Biase, Álvaro Basco Domínguez
A diferencia de la mayoría de las directivas regulatorio-financieras publicadas desde la crisis de 2008 – que han tenido en líneas generales un carácter más restrictivo sobre la operativa bancaria bajo un enfoque de supervisión y/o transparencia frente a clientes – la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2015 sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) no 1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE (“PSD2”), introduce un reto distinto. Se incrementan las medidas de seguridad ante fraudes digitales a la vez que se promueve la apertura del espacio financiero a más jugadores (open banking), regulandolas obligaciónes y condiciones bajo las cuales las entidades financieras deben compartir ciertos datos de cliente, siempre que estén expresamente autorizados por estos, con terceros proveedores que pueden, a su vez, desarrollar otros servicios de pago con base en dicha información. Todo ello, conlleva no solo un reto de adaptación tecnológica o en cuestiones de cumplimiento normativo o compliance, sino también un reto estratégico y operativo para muchas entidades.
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