La Directiva 2016/343, de 9 de marzo, tiene una doble finalidad; por un lado, reforzar en el proceso penal el derecho a un juicio justo, estableciendo unas normas mínimas comunes relativas a determinados aspectos del derecho a la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio; y, por otro lado, reforzar la confianza de los Estados miembros en los sistemas de justicia penal y, por ello, contribuir a facilitar el reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales en materia penal.
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