El desempeño de la presidencia del Consejo durante la segunda mitad del año marcará la política de España en la UE a lo largo del 2023. Será un semestre condicionado por el desarrollo de la guerra en Ucrania y sus consecuencias. El impacto más directo ha sido confirmar la idea de una Europa geopolítica y la necesidad de reforzar la Política Común de Seguridad y Defensa, pero casi todos los grandes dosieres están afectados:
independencia energética y descarbonización, migración y asilo, y reglas fiscales. El gobierno tendrá que combinar el ejercicio neutral de su papel en el Consejo (y el objetivo de alcanzar consensos en un momento en que la unidad de los 27 es clave) con el deseo de imprimir cierto sello que atienda a las prioridades nacionales. La vía para lograr ese equilibrio apunta a un énfasis en el concepto de autonomía estratégica abierta y a la organización de varias cumbres entre la UE y espacios prioritarios para España de modo que la vecindad este no monopolice toda la atención. Además, se debatirá del proceso mismo de integración, dando seguimiento a la Conferencia sobre el Futuro de Europa y la nueva política de ampliación, aunque no se esperan ahí avances a corto plazo.
Junto a la presidencia, la agenda del año tendrá también contenidos específicos para España que pueden ayudar o perjudicar el relativo aumento de su influencia en Bruselas observado en los últimos tiempos. Está por ver cuánto resisten los consensos domésticos sobre la UE en contexto electoral y de fuerte polarización. También destacan los problemas para renovar el Poder Judicial, que afectan a la autoridad de España en temas de Estado de derecho, la capacidad para absorber de manera eficaz los abundantes fondos de recuperación Next Generation EU que le corresponden y, por fin, los avances en la negociación con Londres sobre Gibraltar dentro del diálogo para la nueva relación UE-Reino Unido
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