Con la nueva política de descentralización educativa, nacida al amparo de la «revolución» de septiembre de 1868, los Ayuntamientos y las Juntas locales de Instrucción Primaria fueron responsables directos de numerosas supresiones de escuelas en el ámbito rural gallego y de los graves problemas que se ocasionaban en el pago de las dotaciones escolares: supresiones, reducciones y atrasos, a pesar de que tales modificaciones no se podían llevar a cabo sin la aprobación de la respectiva Diputación provincial
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