Madrid, España
El presente trabajo aborda, desde una perspectiva crítica, la reciente reforma producida en materia de prescripción de delitos sexuales cometidos contra menores de edad. En ella se aplaza el dies a quo hasta el momento en el que la víctima menor cumpla los treinta y cinco años. En estas páginas se tratará de evidenciar que una decisión de esta naturaleza contraviene el sentido de una institución (la prescripción del delito) que todavía cuenta con (muchas) razones para ser defendida. Se expondrán, además, una serie de “problemas prácticos” de la reforma que evidenciarán algunos errores legislativos que deberían haberse evitado. Finalmente, se pondrán de manifiesto dos tendencias político-criminales actuales que merecen una valoración negativa y en las que se ha profundizado con esta reforma: la propensión a percibir los límites al poder punitivo del Estado como un “estorbo” y la tendencia a debilitar la vigencia del principio de legalidad en aras a una mayor relevancia de la discrecionalidad judicial y del principio de oportunidad.
From a critical perspective, this paper aims to analyse the recent reform of the statute of limitations for sexual crimes committed against minors. It postpones the dies a quo until the minor victim reaches the age of thirty-five. These pages will attempt to show that such a decision contravenes the meaning of an institution (the statute of limitations) that still has (many) reasons to be defended. In addition, a series of “practical problems” of the reform will be presented, which will highlight some legislative errors that should have been avoided. Finally, two current political-criminal trends, that deserve a negative assessment, and which have been deepened with the reform, will be emphasised: both the tendency to perceive the limits to the punitive power of the State as a “hindrance”, and the propensity to weaken the principle of legality in favour of a greater relevance of judicial discretion and the principle of opportunity.
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