Revocatorias de los actos administrativos que otorgan títulos de propiedad a predios rurales por una errada recolección de información probatoria mediante el método de barrido predial

• Moreno Calderón, William Samir ^[1]
  1. [1] Facultad de Derecho, Maestría en Derecho Administrativo, Universidad Libre de Colombia - Bogotá
• Localización: Sextante, ISSN-e 2665-3923, ISSN 1909-4337, Nº. 27, 2022 (Ejemplar dedicado a: July - December 2022), págs. 26-33
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Revocations of administrative acts that grant property titles to rural properties due to an erroneous collection of evidentiary information by means of the land survey method
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• Resumen
  • español

    La reforma rural ha sido frecuentemente concebida como una ambición de la institucionalidad y la sociedad colombiana, puesto que el agro ha sido históricamente ignorado, silenciado y maltratado por parte de algunos sectores comunitarios, esto como consecuencia de la posición dominante del sector empresarial, que ha reducido la importancia del trabajador agrario al lesionar sutilmente sus derechos y oportunidades (Presidencia de la República, s. f.)  En efecto, el derecho agrario ha sido abstraído del derecho privado, específicamente del derecho civil, sufriendo un proceso de constitucionalización con miras a generar una legislación mucho más proteccionista, siendo necesario que el Estado equilibre la economía rural con la urbana, permitiéndose el establecimiento de un plano de equilibrio entre las oportunidades empresariales y las campesinas. Por tanto, el surgimiento de la firma de los acuerdos de La Habana, donde se concretó la terminación del conflicto armado entre el Gobierno de la Republica y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (F.A.R.C). Así, se decretó la institucionalización de una reforma rural en aras de otorgar mayores y mejores oportunidades al agro colombiano. En ese orden de ideas, mediante el Decreto Ley 902 del año 2017 se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final, esto en materia de tierras; específicamente para determinar el procedimiento para el acceso y formalización a través del Fondo de Tierras. Por otro lado, se promovió un proceso de formalización de tierra que ya había iniciado mediante una legislación anterior con el propósito de reconocer la titularidad de los predios trabajados por los campesinos, siempre y cuando dicho reconocimiento no afecte la propiedad privada y los derechos legalmente reconocidos a terceros (Presidencia de la República, 2017).

  • English

    Rural reform has always been an ambition of Colombian institutions and society, since agriculture has historically been ignored, silenced, and mistreated by some community sectors and circumstances, this because of the dominant position of the business sector, the which has reduced the importance of the agricultural worker with a view to subtly injuring his rights and opportunities. To this end, agrarian law was abstracted from private law, specifically civil law, undergoing a process of constitutionalization with a view to generating much more protectionist legislation, making it necessary for the State to balance the rural economy with the urban one, allowing the establishment of a plane of balance between entrepreneurial and peasant opportunities. Therefore, because of the signing of the Havana agreements, in which the termination of the armed conflict between the Government of the Republic and the Revolutionary Armed Forces of Colombia (F.A.R.C.) was finalized, the institutionalization of a rural reform, with a view to granting greater and better opportunities to Colombian agriculture. Thus, through Decree Law 902 of the year 2017, by which measures are adopted to facilitate the implementation of the Comprehensive Rural Reform contemplated in the Final Agreement on land matters, specifically the procedure for access and formalization and the Fund of Land, a land formalization process was promoted that had already begun through previous legislation, this with a view to recognizing the ownership of the farms worked by the peasants, as long as said recognition does not affect private property and the legally recognized rights to third parties.