Madrid, España
Se evalúa en esta ponencia cuál es el reconocimiento legal que reciben los principales derechos de la ciudadanía como usuaria de los medios de comunicación audiovisuales y receptora de sus contenidos. Para ello se han analizado tanto la última modificación de la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada en 2018 como la nueva Ley General de la Comunicación audiovisual española, en fase de anteproyecto al elaborar esta ponencia, que deberá incorporar a nuestro ordenamiento jurídico la mencionada norma europea, ambas a la luz también de la ley actualmentevigente. El análisis exegético y comparado de estos textos permite poner en valor el avance que supone la modificación Directiva para el objetivo de conseguir unas reglas del juego similares para todos los operadores que prestan el servicio de comunicación audiovisual, incluyendo las plataformas OTT y las plataformas de internet. Se observan también algunos avances significativos propios del marco jurídico español frente a la norma europea. Sin embargo, se ponen igualmente de relieve importantes diferencias regulatorias que persisten todavía entre un mercado televisivo muy regulado y las mencionadas plataformas de streaming y de intercambio de videos, que todavía mantienen una regulación comparativamente más laxa. Ello supone no sólo una distorsión del mercado, sino también un déficit en la defensa de la ciudadanía, que ve modificado el cuerpo dederechos del que puede beneficiarse según opte por una u otra alternativa de oferta audiovisual. Y ello es especialmente preocupante en el caso de las personas menores de edad, en tanto que población vulnerable sometida a especial protección.
It is evaluated in this presentation what is the legal recognition thatthe main of citizens’ rights as users of the audiovisual communication media and receiver of their contents. For this, the latest modification of the Audiovisual Media Services Directive approved in 2018 and the Spanish new General Law of audiovisual Communication, in the preliminary phase when preparing this presentation, has been analyzed, both in the light of the law currently in force. The exegetical and comparative analysis make possible to value the progress that the Directive modification implies in order to achieve similar rules of the game for all operators that provide the audiovisual communication service, including OTT platforms and internetplatforms, and also some significant advances typical of the Spanish legal framework compared to the European Directive. However, important regulatory differences still persist between a highly regulated television market and the aforementioned streaming and video-sharing platforms, which still maintain comparatively more lax regulation. This supposes not only a market distortion, but also a deficit in the defense of citizenship, which sees the body of rights from which they can benefit modified depending on whether they choose one or another alternative audiovisual offer. And this is especially worrying in the case of minors, as a vulnerable population subject to special protection.
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