Resumen de Sistema Integral de Educación Rural SIER
Actualmente, en el sector rural del país se evidencia profundas brechas en relación con los resultados de los mismos indicadores urbanos a nivel educativo y socio productivo. Estos resultados son atribuidos a fenómenos como el minifundio, la falta de asociatividad, la concentración de la tierra y por supuesto la incompleta oferta educativa. También se ha identificado la falta asistencia técnica, de tecnología y la incompleta titulación de predios, entre otros (Tomasevski, 2004). Es también claro la ausencia de una política socioeconómica que proteja la agricultura familiar, la soberanía alimentaria y garantice el derecho a la alimentación con especial atención en grupos vulnerables como la primera infancia. De igual forma, la productividad y baja remuneración laboral en el campo se relaciona con la limitada capacidad de los hogares rurales para acumular activos y generar ingresos. El 63,6% no posee ningún activo y sólo el 3,9% logra acumular al menos tres de estos, entre tierra, asistencia técnica, riego y crédito. Particularmente, solo el 5,2% de los hogares rurales accede a crédito para actividades agropecuarias (DANE, 2011). Sin embargo, se debe aclarar que de los hogares que tienen acceso a tierra solo el 14,3% acceden a crédito. Es importante también mencionar que, en la actualidad, sólo el 36,4% de los hogares rurales tiene acceso a la tierra, el 75,6% de los que acceden a tierras tienen menos de cinco hectáreas (IGAC, 2012) y de éstos el 59% se encuentran en informalidad en términos de la propiedad (DANE, 2011). Respecto al conflicto en términos del uso del suelo, las áreas utilizadas en ganadería superan 1,3 veces el potencial existente, mientras que en agricultura sólo se utiliza el 24% de las tierras aptas (IGAC, 2012). Adicionalmente, el 75% de la población ocupada del área rural tiene un ingreso mensual inferior a un salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV), mientras en el área urbana esta proporción es del 39,4%. Las actividades agropecuarias son las menos remuneradas, en promedio representan el 70% de un SMMLV. Además, se observa que en los municipios catalogados como dispersos los ingresos de las actividades agropecuarias representan solo el 51% de un SMMLV (DANE, 2013), que es lo que primero ven los jóvenes que al iniciar la secundaria y durante el transcurso de ésta y la media vocacional ven como inoficioso el culminar sus estudios y formarse profesionalmente en áreas relacionadas con el sector agropecuario o en áreas que fortalezcan la región. A nivel de educación superior, el acceso es tan sólo del 32% frente a los egresados de la educación media, situación que requiere implementar estrategias que incentiven el acceso a este nivel educativo, así como la permanencia y mayores cupos en las instituciones que ofrecen programas técnicos, tecnológicos y profesionales. El anterior escenario pone de manifiesto la necesidad de orientar estrategias de formación tanto académica y ocupacional, como de asistencia técnica, focalizadas a los niños, niñas, jóvenes y pequeños productores que optimicen el desarrollo de las regiones, en donde el SIER aporta soluciones a partir de la generación de estrategias educativas que fortalezcan la autonomía y garanticen el conocimiento del territorio y sus potencialidades, a partir de las cuales, es posible mejorar la calidad de vida de la población y avanzar a la constitución de territorios autónomos y felices. SIER se soporta en la necesidad de garantizar las cuatro A, nombradas en el documento Indicadores del Derecho a la Educación de Katerina Tomasevski (2004), el cual afirma que el derecho a la educación, se refleja en obligaciones de los gobiernos, las cuales consisten en volver a la educación Asequible, accesible, aceptable y adaptable, de manera más clara asequibilidad habla de la opción de asegurar que la educación sea gratuita y obligatoria esté accesible para todos los niños y niñas en edad escolar y permita garantizar que los padres puedan elegir la educación de sus hijos, la accesibilidad es la opción de eliminar todas las suscripciones basadas en los criterios discriminatorios que actualmente están prohibidas, la aceptabilidad como la calidad, es decir el derecho a la educación se cumple cuando la ocasión que estamos entregando es una educación de calidad y la adaptabilidad tiene que ver con que los niños y niñas de las provincias rurales tengan la posibilidad de una educación pertinente y adaptada a su contexto inmediato, es decir debe ser de alguna manera flexible y pertinente.
