Jaén, España
El complejo, y creciente, conflicto entre el derecho a la protección de datos de las personas trabajadoras y el derecho empresarial a la prueba de las infracciones laborales de aquellas mediante cámaras de vigilancia ha conocido un nuevo episodio en el Tribunal Constitucional. Por una exigua mayoría, el Tribunal de Garantías ha optado por favorecer el derecho de la empresa frente al derecho de la persona trabajadora. Al margen de qué razones se consideren más convincentes, las del voto mayoritario o las del voto discrepante, lo cierto es que la sentencia hace un flaco favor a su función pedagógica y ejemplarizante, al normalizar los incumplimientos del derecho a la información previa y desincentivar el cumplimiento.
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