El suelo rural bajo asedio: análisis en clave de postpandemia y de la legalidad urbanística

• Autores: Héctor Santaella Quintero
• Localización: Revista Digital de Derecho Administrativo, ISSN-e 2145-2946, Nº. 29, 2023, págs. 59-87
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Rural land under siege: analysis through a post-pandemic and urban legality lens
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• Resumen
  • español

    Las nuevas tendencias del mercado inmobiliario después del covid-19 reflejan una mayor demanda de estos suelos, movida por el interés de ciertos sectores de la sociedad en aumentar el espacio de sus viviendas, habitar más cerca de la naturaleza y sacar provecho de las oportunidades que ofrece el teletrabajo. Pese a que el suelo rural no recibió en la ley un tratamiento acorde a su importancia y complejidad, se procuraron llenar por vía reglamentaria sus vacíos y fijar las bases para los desarrollos urbanos que han tenido lugar en las zonas rurales de varias ciudades colombianas. Sin embargo, de manera reciente, el Consejo de Estado decidió inaplicar las reglas fijadas por los decretos reglamentarios en materia de cargas urbanísticas, por considerar que ellas desbordan ampliamente lo previsto al respecto por la Ley 388 de 1997. El resultado es una incertidumbre notable en cuanto a las reglas y condiciones que rigen el desarrollo de actividades urbanísticas en el suelo rural. Ello, en un momento en que el interés del sector inmobiliario por estas zonas escala a unos niveles inusitados

  • English

    The new trends in the real estate market after the covid-19 pandemic, reflect a higher demand for rural land, given the interest of buyers in increasing the space of their homes, living closer to nature and taking advantage of teleworking. Despite the fact that rural land did not receive a legal treatment in accordance with its relevance and complexity, two governmental decrees tried to fill the gaps and set the basis for urban development activities on rural areas of several Colombian cities. Nonetheless, the State Council recently refused to apply the reglementary rules regarding charges in urban development, as the government’s decrees were considered to go beyond what was authorized by Law 388 of 1997. This led to a blatant legal uncertainty about the regulation of urban development activities on rural land; especially at a time when the real state market’s interest in rural areas has reached unprecedented levels