Las funciones de inspección, vigilancia y control hacen parte de la policía administrativa, la cual pretende someter las conductas de los individuos y algunas entidades estatales al Derecho.
Dichas funciones deben ser realizadas de forma eficaz y estricta, haciendo uso de todos los instrumentos legales para realizar su finalidad, la cual es evitar la materialización del hecho dañoso.
Por eso, la jurisdicción de lo contencioso administrativo debe ser rigurosa a la hora de reprochar la culpa a la administración, evitando la reincidencia administrativa, y debe verificar el cumplimiento de los principios de eficacia y legalidad, los cuales son necesarios para determinar de forma idónea la existencia de la responsabilidad patrimonial del Estado.
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