El Reglamento propuesto incluye, entre otras, garantías contra la interferencia política en las decisiones editoriales y contra la vigilancia. Se centra en la independencia y la financiación estable de los medios de servicio público, así como en la transparencia de la propiedad de los medios y de la asignación de publicidad estatal. También establece medidas para proteger la independencia de los editores y revelar los conflictos de interés. Finalmente, el futuro Reglamento abordará el tema de las concentraciones de medios y creará una nueva Junta Europea independiente para Servicios de Medios, compuesta por autoridades nacionales de medios. La Comisión también adoptó una recomendación complementaria para fomentar las salvaguardias internas de la independencia editorial.
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