Desde mediados de los años 80 la política agraria europea introduce consideraciones ambientales en sus regulaciones que fructifican en la reforma de 1992. Fruto de la misma se sistematiza la política agroambiental europea, que se introduce con distinto ritmo e intensidad en cada país miembro. En España las Comunidades Autónomas tienen una notable importancia en la confección del programa ambiental nacional, por lo que es posible argumentar que los actores de carácter regional e incluso local pueden neutralizar y condicionar las directrices nacionales y comunitarias. Este argumento se trata de demostrar adoptando como ejemplo el denominado programa agroambiental de estepas de Castilla y León
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