La crisis sanitaria del COVID-19 ha golpeado –y sigue golpeando– la economía española y europea. Los poderes públicos, muy conscientes de esta situación, no permanecen impasibles y destinan buena parte de sus esfuerzos a relanzar el sistema económico.
Entre todas las medidas de impulso destaca la intervención pública en fondos de capital riesgo cuyos principales destinatarios son empresas emergentes de sectores innovadores.
El objetivo de este trabajo es analizar los controles jurídico-públicos –europeos y estatales– a los que deben someterse este tipo –original– de ayudas públicas
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