Madrid, España
La Hacienda Pública, en su obligada lucha contra el fraude fiscal, por medio de la Inspección de los tributos y con ciertas artimañas legales, viene realizando entradas en el domicilio de los contribuyentes, incluso con orden judicial, con posible violación de derechos fundamentales, a lo que la reiterada doctrina del Tribunal Supremo está reconduciendo a la legalidad.
Y se produce la contradicción de que un órgano revisor de la propia Hacienda Pública, un Tribunal Económico Administrativo Regional, estima una resolución con el fundamento jurídico único de la doctrina del TS (RTEAR de Castilla y León, de 28 de noviembre de 2022. Procedimiento 47-03947-2018).
En este trabajo se trata de analizar la problemática social y técnico jurídica del domicilio tributario a que alude esta sorprendente resolución.
The Public Treasury, in its obligatory fight against fiscal fraud, through the Inspection of taxes and with certain legal tricks, has been making entries in the domicile of taxpayers, even with a judicial order, with possible violation of fundamental rights, to what the reiterated doctrine of the Supreme Court is redirecting to legality.
And the contradiction occurs that a reviewing body of the Public Treasury itself, a Regional Administrative Economic Court, estimates a resolution with the sole legal basis of the TS doctrine.
This collaboration tries to analyze the social and legal technical problems of the tax domicile to which this surprising resolution alludes.
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