Desde 2012, con la publicación del Real Decreto 1311/2012 (RD), el número de dudas sobre la Gestión Integrada de Plagas (GIP) y sobre los tratamientos con productos fitosanitarios en Áreas Verdes no ha dejado de crecer, y esto tanto a nivel de aplicadores como de técnicos, de las empresas o de las administraciones, o de los funcionarios encargados de su cumplimiento. Algunas dudas son genuinas, pero otras son capciosas, generadas por intereses económicos como los herbicidas ‘ecológicos’, las empresas de venta de sistemas ‘biológicos’ o sistemas de endoterapia, o por parte de empresas concesionarias de mantenimientos que desean ahorrarse el realizar los tratamientos, y otras por parte de funcionarios que no quieren, o no pueden, asumir sus obligaciones. Directrices políticas bienintencionadas, pero sin fundamento, añaden confusión. La disminución de productos químicos y la injustificable prohibición de los de origen biológico en España por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ya han complicado aún más el panorama. Y para enturbiarlo más aún, tanto el RD como la Guía GIP de Parques y Jardines contienen grandes errores, conocidos pero sin subsanar.
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