La propuesta simplifica el proceso jurídico para las víctimas a la hora de demostrar que la culpa de una persona ha provocado los daños, al introducir dos características principales: la llamada "presunción de causalidad", que eximirá a las víctimas de tener que explicar detalladamente cómo el daño fue causado por una determinada falta u omisión, en circunstancias en las que se haya probado una culpa pertinente y parezca razonablemente probable que exista un nexo causal con el rendimiento de la IA; y el acceso a las pruebas de las empresas o proveedores, cuando se trate de IA de alto riesgo.
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