Duty to disclose third-party funding in international arbitration: scope, purpose and limits

• Autores: Alberto Favro
• Localización: La Ley. Mediación y arbitraje, ISSN-e 2660-7808, Nº. 12 (Julio-Septiembre), 2022
• Idioma: inglés
• Títulos paralelos:
  • Obligación de revelar la financiación de terceros en el arbitraje internacional: alcance, finalidad y límites
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• Resumen
  • español

    La financiación por parte de terceros («TPF») es un fenómeno que ha crecido significativamente en los últimos años y, en términos generales, implica el apoyo financiero de una parte en un arbitraje a cargo de una tercera entidad no relacionada con la controversia que cuenta con los medios financieros y el conocimiento para asumir el riesgo inherente de una demanda a través de la creación de carteras de casos. Aunque el efecto principal del TPF es garantiza el acceso a la justicia arbitral a entidades que no podrían permitírselo de otro modo, también las empresas financieramente fuertes suelen recurrir a este servicio para asegurarse una gestión de tesorería más fluida. La participación de terceros financiadores suscita una serie de cuestiones en los procedimientos de arbitraje, como los posibles conflictos de intereses entre los financiadores y los árbitros y la posible falta de solvencia de la parte financiada, que podría dar lugar a requerimientos de garantía de los costes o afectar a la asignación de los mismos. Para hacer frente a estas cuestiones es esencial que se revele la financiación y, posiblemente, ciertos detalles del acuerdo de financiación. En consecuencia, varias instituciones arbitrales han modificado sus reglamentos de arbitraje para incluir esta obligación. Este artículo analiza los diferentes enfoques de estas instituciones para identificar cuál debe ser el alcance y los límites de dicha obligación con el fin de equilibrar eficazmente los intereses en juego.

  • English

    Third-party funding («TPF») is a phenomenon that has grown significantly over the last years and broadly entails the financial support of a party to an arbitration by a third entity unrelated to the dispute which has the financial strength and the knowledge to govern the inherent risk of a claim through the creation of portfolios of cases. While the primary effect of TPF is gratin access to arbitral justice to entities that could not otherwise afford it, also financially strong companies often avail themselves with this service to ensure themselves a smoother cash flow management. The involvement of third-party funders raises a number of issues in arbitration proceedings, including possible conflicts of interest between funders and arbitrators, the potential impecuniosity of the funded party which might ground security for costs applications or affect the allocation of cost. To deal with these issues it is essential that the funding and possibly certain details of the funding agreement are disclosed. A number of arbitral institutions have accordingly amended their arbitration rules to include such an obligation. This article analyses the different approaches of these institutions to identify what the scope and the limits of such obligation should be in order to effectively balance the interests in play.