Ante el intervencionismo público que caracteriza el planeamiento en marcha, es necesario reforzar el derecho de la iniciativa privada a intervenir en la materia, y la legislación de la Comunidad Autónoma deberá estimularla. Una participación que no debe limitarse a la fase de elaboración del planeamiento, sino intervenir también en su gestión. El fortalecimiento de las organizaciones profesionales y empresariales, su profesionalidad y la voluntad de diálogo por parte de la Administración son premisas para el buen funcionamiento del sistema.
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