Telecomunicaciones III. Regulación e impulso desde las administraciones públicas.
- Autores: José Roberto Ramírez Garrido, Juan Vega Esquerrá
- Localización: Documentos de trabajo (Laboratorio de alternativas), Nº. 41, 2003
- Idioma: español
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Resumen
Las líneas directrices del proceso de liberalización de las telecomunicaciones han sido diseñadas por la Comisión Europea quien, a su vez, se ha inspirado en el modelo de EEUU.
Se fijaron dos objetivos principales y simultáneos: a) introducir la competencia en el sector y b) forzar una fuerte reducción de precios, sin esperar a que ésta fuera el fruto de la competencia.
Como consecuencia, la liberalización ha generado beneficios en un corto plazo para determinados usuarios, pero se ha llegado a un modelo difícilmente sostenible para el sector y, además, tampoco se puede decir que se hayan alcanzado aún los niveles deseados de competencia.
Por una parte, se ha querido reducir en exceso el tiempo necesario para pasar del monopolio a la competencia, lo cual ha llevado a prohibir al operador dominante la aplicación de políticas de precios agresivas en determinados servicios, que hubieran redundado en beneficio del usuario, pero que hubiesen perjudicado a sus competidores.
Por otra parte, en aras del objetivo político de contención del IPC, se han impuesto descensos de tarifas al operador dominante en otros servicios, que le han perjudicado, pero que todavía han penalizado en mayor medida a los operadores entrantes reduciendo sus márgenes y, por tanto, su capacidad efectiva de competir.
En cualquier caso, aunque cuando se diseñó el modelo regulatorio, no había información suficiente que permitiera fundamentar la decisión sobre el camino a seguir; la verdad es que la experiencia ganada tras estos primeros años de liberalización debiera permitir el diseño de políticas más adecuadas a la realidad del sector.
Además, en el caso español, el proceso se ha complicado considerablemente al intervenir múltiples agentes en la regulación y al faltar una cierta coordinación entre sus actuaciones, alimentada muy posiblemente por los distintos intereses que defendían.
En cuanto al papel impulsor de la Administración, no es posible hablar en España durante estos últimos años de un conjunto de políticas públicas ambicioso, coherente y coordinado para el desarrollo de la Sociedad de la Información. Aparte de la insistente tendencia a la liberalización y privatización, lo único que cabe constatar es la existencia de iniciativas escasas, fragmentarias y descoordinadas.
Este informe describe la situación esbozada y propone una serie de actuaciones para contribuir a la resolución de las deficiencias detectadas, que se resumen a continuación.
Definir un nuevo modelo para el sector que incorpore las medidas legislativas, regulatorias y de impulso necesarias para que todos los ciudadanos perciban realmente los beneficios de una mejor asignación de recursos y una mayor eficacia en la prestación de los servicios.
Diseñar un Plan de Infraestructuras de banda ancha para paliar el fracaso que ha supuesto hasta la fecha el despliegue de infraestructuras alternativas, lo que ha actuado como freno a la competencia.
Clarificar las competencias entre el Gobierno y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, de forma que al primero le corresponda la fijación de los criterios políticos y a la Comisión le quede reservada la administración de dichos criterios.
Racionalizar el régimen de las autoridades de regulación en España, de manera que se aglutinen en el menor número posible de organismos reguladores todas las competencias que contempla el nuevo marco normativo comunitario.
Elaborar un Plan de Impulso de la Sociedad de la Información que defina objetivos claros y medibles, que los planifique temporalmente, que cuantifique y disponga del presupuesto necesario para acometerlos y que cuente con los recursos humanos cualificados precisos.
Fomentar el desarrollo de la Administración electrónica, apostando por la incorporación de las nuevas tecnologías en el ámbito administrativo y, en concreto, en temas como el DNI electrónico, la contratación pública a través de Internet, la notificación y los registros telemáticos.
Incorporar las nuevas tecnologías en la salud, la educación y la justicia, impulsando la conexión de banda ancha a Internet de los centros educativos, sanitarios y de los respectivos organismos gestores.
