La inmigración extracomunitaria en la agricultura española.
- Autores: Emma Martín Díaz
- Localización: Documentos de trabajo (Laboratorio de alternativas), Nº. 38, 2003
- Idioma: español
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Resumen
A comienzos de los años ochenta la agricultura española experimentó un proceso de transformación, hacia un modelo de agrobusiness caracterizado por la intensificación de la producción. Este modelo que requería de una fuerte capitalización aprovechaba las ventajas climáticas del territorio costero, particularmente en su franja mediterránea, a través de un proceso de especialización dedicado a convertir esta zona en la “huerta de Europa”. Los actores de este proceso fueron diversos: iniciativas privadas, públicas y transnacionales aunque el eslabón de la producción recayó sobre la pequeña explotación familiar, en un proceso que sociólogos y economistas italianos han denominado como de “nueva aparcería”. En la actualidad, su propia supervivencia depende en gran medida de la mano de obra inmigrante y su futuro permanece incierto ante la importante caída de las tasas de beneficio.
En este documento de trabajo se analizan las dinámicas del proceso de intensificación agrícola, los sectores sociales implicados y la evolución de ambos en relación con la mundialización de las actividades productivas. Se estudian también los costes y los límites de este modelo y se analiza la utilización de la mano de obra como una doble estrategia: por un lado, los agricultores la utilizan para abaratar unos costes en creciente expansión y, por otro, los trabajadores inmigrantes la aprovechan para conseguir la regularización. La reflexión sobre el estado actual de la cuestión, teniendo en cuenta la realidad que es a la vez global y local, desemboca en la formulación de las siguientes medidas que pueden implementarse para conseguir una integración armónica de las áreas y de los colectivos insertos en estos procesos:
Agricultura • Impulsar una PAC que elimine las situaciones de competencia desleal y se centre en eliminar las distancias existentes entre grandes y pequeños agricultores así como entre las distintas producciones.
• Incrementar los recursos para el desarrollo rural de las regiones menos favorecidas y económicamente más frágiles de la UE. Estas ayudas deberían priorizar los proyectos conservacionistas del patrimonio natural de estas regiones y los modelos agrícolas respetuosos con el medio ambiente. Para ello es necesario una apuesta firme por el cumplimiento de la legislación medioambiental en los diferentes niveles del ámbito de la UE.
• Implementar unas políticas de educación para el consumo que tengan como objetivo el conocimiento y sensibilización de la población sobre los alimentos que encuentran en el mercado y las condiciones de su producción.
• Establecer convenios del campo que eliminen las disparidades presentes entre unas zonas y otras.
• Establecer mecanismos de inspección laboral que garanticen el cumplimiento en las explotaciones agrarias de la legislación vigente. En este mismo sentido, establecer sanciones ejemplares a los empresarios que incumplan la legislación laboral.
Inmigración • Facilitar los mecanismos de denuncia de los trabajadores.
• Las sanciones contra las redes y empresas que reclutan extranjeros para trabajar en condiciones de esclavitud deben ser reforzadas.
• El establecimiento de la política de cupos debe hacerse desde el conocimiento fiable de las necesidades existentes en el sector y debe recoger la diversidad de modalidades de trabajo en aras de obtener la deseada flexibilización que preconizan los empresarios.
• Priorizar la directiva sobre acceso y libre circulación de trabajadores, revisando dos elementos: la identificación del contingente como medida básica y la creación del permiso para la búsqueda de trabajo.
• Establecer un estatuto común del residente permanente europeo que garantice a los inmigrantes con permiso de residencia estable la equiparación de derechos con los ciudadanos europeos.
• Elaborar programas de educación intercultural con especial vigilancia y seguimiento del tratamiento informativo que recibe la inmigración en los diversos medios de comunicación y en los libros de texto y planes de estudio.
• Recuperar el consenso social en materia de política de inmigración más allá del ámbito parlamentario.
• Poner en marcha un Plan Estatal de Integración que cuente con dotación presupuestaria y crear y dotar la red pública de Centros de Inmigraciones prevista en la Ley 8/2000.
• Revisar el Consejo Superior de Política de Inmigración para asegurar y optimizar la coordinación de los poderes públicos de las tres Administraciones, estatal, autonómica y local así como la composición y atribuciones del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes • Habilitar la participación política de los inmigrantes a escala municipal y regional.
