El nuevo maremágnum normativo que viene experimentando el Derecho Público va a establecer una exigencia de adaptación del ciudadano a las nuevas tecnologías de la información. Pero nos cuestionamos si debe existir el «derecho a no ser digital» por parte del ciudadano en sus relaciones con la Administración Pública. Esta idea ha sido puesta de manifiesto por otros autores en la medida en que la conocida «brecha digital» es una realidad manifiesta que ha sido planteada en otros escenarios fuera del ámbito del Derecho Público, como son en las relaciones de los clientes con la banca digital. En nuestro caso, creemos necesario el reconocimiento de este derecho a no ser digital.
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