En más de un sentido, China es un gigantesco campo de ensayo de políticas económicas y sociales. Tal es el caso de los programas de urbanización acelerada puestos en marcha en los últimos años y surgidos de análisis conjuntos del Banco Mundial y del gobierno de China. Se entiende que China deberá proceder a realinear sus políticas de reforma y apertura, base del espectacular crecimiento económico y del abatimiento de la pobreza en los últimos tres decenios; tendrá que sustituir los motores del crecimiento económico. La sabiduría económica convencional ha determinado que entre esos nuevos motores destaca la expansión del mercado interno, es decir, el aumento del consumo de las unidades familiares, que ha estado largamente reprimido, sobre todo en las zonas rurales y en las áreas de transición rural–urbana. La urbanización acelerada supondría un crecimiento más veloz del mercado interno y ayudaría a reorientar la inversión. Aunque se aplica con cautela para no violentar las preferencias de los trabajadores del campo, es fuente de fricciones y conflictos, como parecen mostrar acontecimientos recientes, pues la adaptación de la población rural a las condiciones de vida en las ciudades, incluso las pequeñas y medianas, nunca es sencilla y no está exenta de dificultades mayores.
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