La modernización de los Presupuestos Generales del Estado.

• Autores: Enrique Martínez Robles, Federico Montero Hita, Juan José Puerta Pascual
• Localización: Documentos de trabajo (Laboratorio de alternativas), Nº. 24, 2003
• Idioma: español
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• Resumen

  • En los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se cuantifica y proyecta a medio plazo la política económica del Gobierno, por lo que su discusión en las Cortes debe suponer el debate más importante del año. Sin embargo, en los últimos tiempos dicho debate ha perdido interés e intensidad. El presente estudio analiza las causas y propone algunas medidas que permitan la modernización de la Institución presupuestaria.

    Las causas del alejamiento de la realidad se agrupan en los siguientes apartados: 1) la reducción del margen de maniobra del Estado para la definición y presupuestación de las políticas públicas, debido a la descentralización del gasto público y a la ausencia de un marco de discusión con las Comunidades Autónomas (CC AA); 2) el hecho de que los PGE hayan soslayado la necesidad de insertar las políticas públicas españolas en el contexto de la Unión Europea y se haya primado el objetivo de alcanzar la convergencia real; 3) la manifiesta falta de transparencia en la información presupuestaria actual y la degradación del concepto de déficit público mediante diversas operaciones financieras; 4) la renuncia a llevar a cabo una auténtica reforma de la Institución presupuestaria.

    Propuestas para avanzar en la línea de modernización y mejora de la situación • Desarrollar la corresponsabilidad fiscal, mejorando la participación de las CC AA en los órganos de dirección de la Agencia Tributaria, y aumentar la percepción ciudadana de que las CC AA son directamente beneficiarias de una parte de los impuestos.

    • Mejorar la coordinación en el diseño y evaluación de las políticas públicas de ámbito nacional, impulsando órganos de cooperación y coordinación sectoriales, con la participación del Ministerio estatal y las Consejerías territoriales correspondientes.

    También se debe potenciar y modernizar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para cumplir sus funciones en relación con la coordinación de la política presupuestaria y especialmente con los “pactos de estabilidad internos” que se deben establecer. Así mismo sería de gran interés, para la consideración global de las políticas públicas, definir el Senado como una Cámara de representación territorial con especial competencia en los aspectos financieros y presupuestarios.

    • Aplicar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) de acuerdo con los criterios de déficit ajustado estructuralmente y de política fiscal sostenible a largo plazo. Para ello es necesario la derogación de la LGEP y la Ley Orgánica complementaria, sin perjuicio de la incorporación en la Ley General Presupuestaria (LGP) de aquellos aspectos procedimentales recogidos en estas leyes que se consideren de interés.

    También requiere el desarrollo de los mecanismos de coordinación para el establecimiento de los “pactos de estabilidad internos” entre el Estado y las AA TT.

    • España se encuentra por debajo de la media comunitaria en materia de protección social y en políticas de desarrollo tecnológico, al tiempo que la presión fiscal es inferior. En este trabajo se plantea un escenario de aproximación a Europa, respetando la esencia del equilibrio presupuestario, pero abandonando el rigor del déficit cero.

    • Dejar de prestar tanta atención al déficit ya que su formulación se ha “degradado”, y llevar a cabo un seguimiento más riguroso de la política de compra de Activos financieros y de la composición y evolución de la Deuda Pública. Sería aconsejable revisar el capítulo dedicado a la Deuda en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (LPGE) y especialmente en la futura LGP. En este sentido, también sería necesario llevar a cabo una auditoría del Sector Público, tanto institucional como empresarial, para delimitar el verdadero importe del déficit y la Deuda.

    • Establecer dentro de la Administración Pública, si fuera posible, una nítida distinción entre Órganos Administrativos, reguladores y responsables del diseño de las políticas públicas, y Agencias ejecutoras de dichas política. En este caso, sería también viable distinguir entre el control de legalidad, aplicado a los primeros, y el control económico de eficiencia y de eficacia, referido fundamentalmente a las Agencias.

    • Si se acomete una reforma como la descrita, es necesario que los Reglamentos de las dos Cámaras se modifiquen para ordenar la discusión en torno a los objetivos marcados por los programas y las políticas del gasto público, suprimiendo la actual prioridad del componente orgánico económico. Por otro lado, la documentación que se presente a las Cortes deberá ser reducida en volumen e incrementada en calidad.

    • Los diputados y senadores podrán descender, si lo desean, al máximo nivel de detalle. La aplicación de las tecnologías de la comunicación hará viable todo tipo de consultas que podrán extenderse al conjunto de la ciudadanía a través de Internet.