La preocupación por los aspectos negativos del cambio climático derivado de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) asociadas a las actividades humanas se ha traducido en iniciativas políticas a nivel mundial cuyos hitos significativos más próximos son la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto (PK). A pesar de que la Unión Europea (UE) ha asumido un papel relevante en el impulso y apoyo a las estrategias dirigidas a conseguir la aplicación y los objetivos del PK, los resultados disponibles referidos al año 2001 reflejan que los avances hacia el objetivo son insuficientes y desiguales.
En España, las desviaciones negativas de las emisiones respecto del objetivo establecido en el PK son muy importantes y las previsiones disponibles son pesimistas. Existen factores específicos que explican la dificultad de desvincular el crecimiento económico español de la producción de elevados niveles de emisiones de GEI. Aunque la industria española sólo es responsable del 24% de las emisiones, la aplicación del PK puede ser contradictora con el mantenimiento de ritmos de crecimiento sostenidos en algunos sectores abiertos a la competencia internacional.
Las iniciativas adoptadas hasta ahora por el gobierno para avanzar en el cumplimiento del PK son claramente insuficientes y, en ocasiones, contradictorias con el objetivo establecido en el mismo.
En este estudio se proponen algunas líneas directrices, criterios y medidas para orientar las actuaciones de los poderes públicos, entre las que destacan las siguientes:
• Evitar una actitud irresponsable sustentada en que finalmente el PK no entrará en vigor.
• Reafirmar el compromiso político de la sociedad española y especialmente de los poderes públicos, en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el PK, sentando las bases políticas para que ello sea posible mediante:
– La elaboración rápida de la estrategia española de lucha contra el cambio climático a través de un proceso participativo y transparente.
– El sometimiento de los planes relevantes de las administraciones públicas a un análisis de evaluación de su compatibilidad con el PK.
– El establecimiento de un marco de política fiscal medioambiental que permita internalizar los costes de las emisiones de GEI en los precios.
• Recuperar el concepto de política industrial y adoptar medidas coordinadas y coherentes destinadas a que las empresas industriales españolas puedan compatibilizar el cumplimiento de los compromisos del PK con el mantenimiento de sus posiciones competitivas, como las que siguen:
– Asignar los derechos de emisión de tal manera que reflejen una estrategia industrial del gobierno dirigida a conseguir una estructura industrial cuyo dinamismo no dependa excesivamente del consumo de energía.
– Establecer acuerdos voluntarios entre el gobierno y las empresas industriales en los que se expliciten los compromisos respectivos para cumplir las obligaciones del PK.
– Elaborar y aplicar planes tecnológicos horizontales y sectoriales, orientados a la promoción de las tecnologías genéricas y específicas de ahorro y eficiencia energética en las empresas industriales. Promover las actividades de I+D+I en materia de medioambiente industrial y crear un instituto tecnológico especializado.
• Revisar la política energética para adecuarla al objetivo del PK en la industria para lo cual:
– Fomentar el uso de energías renovables en la industria, revisando la planificación general vigente y el plan específico en ejecución.
– Impulsar la aplicación de medidas de ahorro y eficiencia energética en las empresas industriales mediante el fomento de la cogeneración y el apoyo a los planes de gestión de la demanda de las empresas industriales.
– Reducir el peso de los combustibles fósiles de mayor potencial de calentamiento global en los usos finales industriales.
• Apoyar la utilización por las empresas industriales españolas de los mecanismos de flexibilidad establecidos en el PK, lo que conllevaría:
– Establecer una red iberoamericana de oficinas de cambio climático para desarrollar programas de cooperación en proyectos relacionados con el mecanismo de desarrollo limpio.
– Crear fondos con aportaciones públicas y privadas para financiar la realización de proyectos que generen unidades y certificados de reducción de emisiones en países elegibles del Este de Europa y Latinoamérica.
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