Una propuesta de servicios comunitarios de atención a personas mayores.
- Autores: Sebastián Sarasa Urdiola
- Localización: Documentos de trabajo (Laboratorio de alternativas), Nº. 15, 2003
- Idioma: español
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Resumen
El envejecimiento demográfico y la creciente incorporación de las mujeres al mercado de trabajo están reduciendo la capacidad de las familias para hacerse cargo de las personas mayores. En la mayoría de Estados miembros de la Unión Europea las autoridades han adoptado medidas de política social dirigidas a reorganizar la atención de la dependencia con la doble finalidad de retrasar el deterioro de las personas dependientes y su ingreso en instituciones hospitalarias y residenciales, y de ayudar a los gobiernos locales en su gestión de los servicios.
Las estrategias programadas han sido no obstante heterogéneas. En algunos Estados se ha priorizado, además del bienestar de los dependientes y de sus familiares, la promoción del empleo femenino; para ello se ha optado por la prestación directa de servicios con cargo a los impuestos. En otros, sin embargo, la promoción de empleo ha sido un objetivo menor y se ha fomentado el papel tradicional de la mujer cuidadora mediante el pago de prestaciones en metálico, financiadas total o parcialmente por la Seguridad Social.
En España, hasta el momento, se ha hecho poca cosa para afrontar este problema. En consecuencia, la atención a los dependientes recae sobre las familias en un grado muy superior al que ocurre incluso en países con población más envejecida que la nuestra.
Además, en España la atención informal a la dependencia tiene una distribución más injusta de las cargas que perjudica la calidad de vida y las oportunidades vitales de las personas con menor formación y renta disponible, sobre todo si son mujeres.
Dada la baja tasa de actividad laboral de la población española y, sobre todo, de las mujeres, es más recomendable optar en nuestro país por una política de atención a la dependencia que considere también la promoción del empleo como un objetivo prioritario. El presente trabajo aboga por instituir en España un programa de atención a la dependencia basado en servicios sociosanitarios de carácter universal. La alternativa basada en la provisión directa de servicios públicos ha demostrado ser más eficiente que la mera transferencia de rentas derivada bien de un seguro de dependencia financiado con contribuciones a la Seguridad Social o bien a cargo de los presupuestos generales del Estado.
La cobertura de estos servicios no debería limitarse a las personas mayores. La proporción de dependientes menores de 65 años es muy elevada en nuestro país y la aplicación de discriminaciones basadas en la edad de los beneficiarios no sería justificable desde un punto de vista ético ni desde criterios de eficacia.
El coste total de esta provisión de servicios podría ser sufragado de manera mixta.
Por un lado con cargo a los impuestos y, en parte, sufragado por los usuarios estableciendo un sistema de copago. El copago de los usuarios en ningún caso debería ser de una cuantía o porcentaje único, sino que debería establecerse como una contribución progresiva en función de la renta personal disponible.
Los fondos necesarios deberían ser suministrados en buena medida por el gobierno central, aunque debería exigirse una cofinanciación de las CCAA y los gobiernos locales para evitar incentivos negativos que hagan crecer innecesariamente la demanda de servicios. Su coste dependerá de la intensidad protectora elegida pero no ha de olvidarse que un euro gastado en financiar servicios es, en términos netos, menos costoso para el estado que un euro gastado en prestaciones en metálico.
En la gestión de estos servicios los gobiernos locales deberían tener un papel primordial, tanto aumentando la provisión directa de servicios como actuando de coordinadores e impulsores de la oferta privada existente.
La red de servicios comunitarios ha de estar complementada con un stock de viviendas adaptadas y mini-residencias que han de impulsar conjuntamente las tres administraciones. La atención a domicilio no siempre es deseable ni tampoco posible. A veces la vivienda del dependiente no reúne los requisitos imprescindibles que hagan posible una vida autónoma por lo que se hace necesario que los gobiernos locales dispongan de recursos para adaptar dichas viviendas o, en los casos que sea imposible dicha adecuación, para ofrecer una vivienda alternativa más accesible.
Cuando la dependencia es extremadamente grave, la alternativa más adecuada es el ingreso en un centro asistido. La oferta actual es muy pobre y en ella abundan los centros donde residen personas validas para vivir en un hogar corriente si dispusieran de servicios sociales alternativos. En los próximos años será necesario reconvertir residencias para dedicarlas a dependientes graves y construir nuevas.
Al mismo tiempo, la red de servicios comunitarios debería incluir la atención de los cuidadores informales. Dadas las serias repercusiones que puede tener una dependencia prolongada sobre el estado de salud y la calidad de vida de las personas cuidadoras, es recomendable establecer servicios de apoyo a los cuidadores, así como servicios de formación que les ayuden a mejorar sus expectativas de inserción sociolaboral una vez acabe el periodo de cuidados.
