El déficit de la natalidad en España: análisis y propuestas para la intervención pública.

• Autores: Fabrizio Bernardi
• Localización: Documentos de trabajo (Laboratorio de alternativas), Nº. 13, 2003
• Idioma: español
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• Resumen

  • En España la tasa de fecundidad es actualmente de sólo 1,2 hijos por mujer, una de las más bajas del mundo. Sin embargo, las españolas desearían tener más hijos: 2,2 por mujer en promedio. Por lo tanto, el déficit de natalidad, es decir, la diferencia entre el número real de hijos y el deseado, es aproximadamente de uno por mujer. Los estudios ponen de manifiesto que este déficit de natalidad se concentra esencialmente en las parejas sin hijos o con un solo hijo. Por otra parte, la proporción de parejas sin hijos amenaza con aumentar, acompañada de una polarización socioeconómica entre parejas de alta renta sin niños o con un número reducido, y familias numerosas con escasos recursos. La dificultad en conciliar maternidad y trabajo, por parte de la mujer, aparece como responsable del progresivo retraso en la concepción del primer hijo y, frecuentemente, también del segundo.

    Si el objetivo político es reducir este déficit de natalidad, entonces las medidas de apoyo financiero al tercero y siguientes hijos son un remedio erróneo. En esencia, mayores deducciones fiscales o subvenciones al tercer hijo no remedian el problema del déficit de natalidad, el deseo frustrado de tener más hijos, porque afecta esencialmente a las parejas sin hijos o con hijo único. Estas medidas no sólo son ineficientes, sino que además podrían ahondar las divisiones socio-económicas en lo referente a la fecundidad, lo que redundaría en mayor pobreza para las familias de escasa renta y gran número de hijos. A la luz de la experiencia de otros países, la ampliación de la baja de maternidad/paternidad y la introducción de incentivos para que el padre ejerza este derecho probablemente también resulten ineficaces. La principal razón reside en la estructura del mercado de trabajo español y en la capacidad de los padres para optar por la baja. Las personas sin empleo, con un empleo precario o los trabajadores autónomos carecen de margen de maniobra. Hasta cierto punto, se acentuaría la desigualdad entre los que pueden beneficiarse plenamente de las bajas de maternidad o paternidad y los “excluidos”.

    Dos son los aspectos en que debería concentrarse la política contra el déficit de natalidad: vivienda y cuidado de niños. Se tendría que hacer un gran esfuerzo para potenciar el mercado de alquileres sociales y privados, así como para crear una densa red pública de cuidado de niños. El fracaso simultáneo de un mercado inmobiliario con altos precios y oferta escasa, y de la tradicional solución “familiar” al cuidado de los niños, convierte los primeros años de la carrera profesional en una etapa vulnerable del curso vital, precisamente cuando las parejas tratan de consolidar su posición. En esta fase de la vida, el Estado debería generar seguridad para las familias: si el Estado asumiera parte del coste de la vivienda y del cuidado de los niños, las parejas podrían tener un hijo incluso antes de haberse asentado en el mercado laboral. Estas políticas contra el “déficit de natalidad” permitirían una más pronta emancipación de los jóvenes, al tiempo que eliminarían el dilema entre carrera profesional e hijos. Las jóvenes parejas podrían decidir el número de hijos que desean con menos restricciones y dispondrían de un periodo más largo para adoptar dicha decisión. La principal ventaja de las políticas de vivienda y cuidado de niños es que beneficiarían a todos los jóvenes ciudadanos, independientemente de sus preferencias en términos de natalidad. Además, los servicios de cuidado de niños crearían empleo, ingrediente fundamental para la futura viabilidad del Estado del Bienestar.

    Aparte de las políticas de vivienda y cuidado de niños, las medidas de flexibilización de los horarios de trabajo también aumentarían la calidad de vida de los padres y reducirían su estrés. Los incentivos al trabajo a tiempo parcial probablemente no supondrían una mejora, debido a la ya mencionada segmentación del mercado laboral en España y a la necesidad que tienen muchas parejas de maximizar su renta. Por el contrario, la introducción de flexibilidad en los horarios de inicio y final de jornada sí aliviaría el conflicto entre vida familiar y trabajo. Asimismo, las medidas que permiten gestionar mejor el tiempo de cuidado de los niños y las tareas domésticas deberían ser beneficiosas. Una posibilidad consistiría en crear centros para niños a los que puedan acudir al terminar las clases y en vacaciones, de forma ocasional y flexible.

    En cualquier caso, una medida aislada, aun acometida con intensidad, probablemente no resultará efectiva para luchar contra el “déficit de natalidad”. Por ejemplo, hacer crecer la inversión en servicios públicos de cuidado de niños hasta alcanzar los niveles escandinavos casi no tendría efecto si los jóvenes son incapaces de formar sus propios hogares a edad temprana. Por consiguiente, las actuaciones en materia de vivienda, cuidado de niños y flexibilización de horarios deberían no sólo entrar a formar parte de los objetivos públicos, sino también abordarse de forma conjunta.