Nuevas orientaciones de la política científica y tecnológica.
- Autores: Alberto Lafuente Félez
- Localización: Documentos de trabajo (Laboratorio de alternativas), Nº. 5, 2003
- Idioma: español
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Resumen
Es bien conocido que una de las debilidades mayores de la economía española es la pobre evolución de la productividad. El análisis económico pone en relación esta variable con el crecimiento del stock de capital tecnológico y, en última instancia, con el esfuerzo de Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i). Es sabido igualmente que los recursos dedicados por la economía española a estas actividades son escasos y su cuantía no se ha aproximado en los últimos años a la registrada en las economías de la OCDE.
El documento da cuenta del fenómeno anterior y de sus orígenes. A estos efectos se distingue entre I+D e innovación. En cuanto a la I+D, parecen probadas sus múltiples penurias. Sin embargo, ello contrasta con la producción científica española en áreas de contenido industrial (económico y empresarial) relevantes, que arroja cifras muy estimables cuando se ponen en relación con el montante de recursos dedicados a tal fin.
Los esfuerzos de consolidación presupuestaria de los años noventa frenaron el proceso de convergencia de I+D con la Unión Europea iniciado en los años ochenta;
ni siquiera la bonanza económica de la segunda mitad del decenio pasado ha propiciado el acercamiento al esfuerzo de I+D de las economías avanzadas.
España cuenta con un cuadro de incentivos fiscales a la innovación empresarial muy generoso. También lo es que su eficacia parece limitada, sobre todo cuando se mide en términos de población de empresas innovadoras. Además, no parece existir una relación significativa entre I+D e innovación. Finalmente, podríamos estar asistiendo a un proceso de especialización de la economía española en sectores y ramas de contenido innovador limitado, lo que explicaría el comportamiento de la productividad y del esfuerzo innovador.
Los análisis anteriores conducen a la determinación de los grandes ejes de la nueva política y tecnología. A saber: excelencia investigadora, internacionalización de las instituciones españolas de I+D, reforma de tales instituciones, potenciación de los incentivos pecuniarios a los investigadores, integración de los investigadores jóvenes en el sistema de I+D+i, redefinición de la política de innovación, con especial referencia a las PYME, e incremento de la financiación pública de la I+D.
El documento concluye con un plan de acción de aplicación inmediata, que debería salir al paso de los problemas más urgentes y, sobre todo, evidenciar la voluntad política y social de situar la I+D en el corazón de las políticas públicas y de la economía española. Se trata de diez medidas, que podrían ser complementadas con otras, con un horizonte temporal de eficacia relativamente inmediata.
Las medidas propuestas adoptarían, pues, la forma de un “plan de choque” que no impediría la adopción de decisiones con un período de maduración más amplio.
• Integración en el Ministerio de Ciencia y Tecnología de las competencias y funciones de la Administración General del Estado en materia de universidades.
• Publicación de una calendario de convocatorias públicas de apoyos a la I+D+i.
• Convocatoria del nuevo Programa Ramón y Cajal Plus para la atracción a España de investigadores de primera línea internacional y su contratación por las universidades y los OPI.
• Plan Renove de infraestructuras de equipamiento científico de rango medio.
Convocatoria de financiación por objetivos a grupos de excelencia. La financiación abarcará las necesidades de infraestructura, formación de personal investigador, personal de apoyo y personal investigador.
• Creación de un Fondo Nacional de Capital Riesgo para el apoyo a la creación de empresas de base tecnológica, incubadas por universidades y centros públicos de investigación.
• Regulación del régimen de patentes registradas por el personal investigador de los laboratorios públicos, en lo que se refiere a titularidad de las invenciones y distribución de los beneficios de las patentes. Incremento de los niveles retributivos asociados a los sexenios de investigación, de acuerdo con las Comunidades Autónomas.
• Establecimiento y puesta en marcha de un sistema de certificación de la innovación por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria, a los efectos de simplificar la aplicación de los beneficios fiscales de la innovación.
• Convocatoria de financiación por objetivos a centros de servicios técnicos y de apoyo a la innovación.
Una advertencia última. El documento no pretende engordar el repertorio de quejas y de desánimos tan habitual en España cuando se abordan estas materias. Hay buenas razones económicas, y no económicas, que justifican una mayor inversión en I+D+i. Lo importante, sin embargo, es la orientación y aplicaciones de los nuevos recursos, que deben mejorar la eficacia probada del sistema español de ciencia y tecnología. Más recursos, pero también mayores exigencias respecto de su uso y disfrute.
