Responsabilidad social corporativa y políticas públicas.
- Autores: Alberto Lafuente, Víctor Viñuales Edo, Ramón Pueyo, Jesús Llaría
- Localización: Documentos de trabajo (Laboratorio de alternativas), Nº. 3, 2003
- Idioma: español
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Resumen
Se entiende que la adopción de criterios de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en la gestión empresarial entraña la formalización de políticas y sistemas de gestión en los ámbitos económico, social y medioambiental; también, la transparencia informativa respecto de los resultados alcanzados en tales ámbitos; y, finalmente, el escrutinio externo de los mismos.
El modelo de gestión de RSC propone que la articulación de las expectativas de los distintos grupos de interés concurrentes en la actividad empresarial redunda en una mejor anticipación de los riesgos y, finalmente, en la creación estable de valor para el accionista.
La adopción de la filosofía RSC por las empresas comienza por la adopción de políticas formales y sistemas de gestión en los ámbitos económico, social y medioambiental, la transparencia informativa respecto de los resultados alcanzados en tales ámbitos y, finalmente, el escrutinio externo de los resultados.
La RSC parece ganar importancia internacional. Su observancia por las empresas condiciona el acceso a determinados segmentos del mercado de capitales y tiende a condicionar el valor de mercado de las acciones. De ello dan cuenta la implicación en esta materia de organismos como la UE, ONU y la OCDE, y la percepción de parte de los grandes inversores institucionales de que la RSC constituye un buen indicador acerca de la calidad en las prácticas de gestión y gobierno de las empresas.
En los últimos tiempos, el debate sobre la RSC se ha trasladado al ámbito de las políticas públicas, especialmente a la función que han de desempeñar los poderes públicos para la promoción de la filosofía RSC. Buena parte de los gobiernos de las economías avanzadas han adoptado políticas formales de difusión de la cultura corporativa de la RSC, entendiendo que puede favorecer las ventajas competitivas de las empresas en determinados mercados, encauzar sus actividades en países emergentes o en vías de desarrollo, o dar acceso a algunos segmentos del mercado de capitales.
Cabe reseñar el papel pionero desempeñado en este ámbito por el Reino Unido; la reforma británica de la ley de fondos y planes de pensiones se ha sumado a la creación de una secretaría de estado para la RSC, ocupada en la elaboración de medidas de política industrial para la promoción de la filosofía RSC. Actualmente, también en el Reino Unido, se encuentra en tramitación parlamentaria la CSR Act 2002, que establece la obligación de la transparencia informativa en materia RSC por parte de las empresas, asignando las responsabilidades en esta materia a los consejos de administración.
Las empresas españolas y los poderes públicos se han incorporado con retraso a las tendencias internacionales de la RSC. De ello da muestra el escaso avance, que parece corregirse en los último tiempos, de las empresas españolas en términos de formalización de políticas y transparencia informativa. Esto se deriva, en parte, de los muy escasos incentivos que hasta la fecha ofrecen los mercados financieros y de producto españoles a la adopción de buenas prácticas en el ámbito de la RSC. España es uno de los países de Europa con menor porcentaje del ahorro invertido conforme a criterios RSC. Las compañías más expuestas a los mercados internacionales se han visto obligadas a dar los primeros pasos.
También los reguladores han sido tímidos a la hora de adoptar reformas legislativas para la difusión del enfoque RSC. En este sentido conviene reseñar las propuestas del Partido Popular y del PSOE o, más recientemente, la moción presentada en el Senado por el grupo de Convergència i Unió el pasado 13 de febrero, que pretende modificar la regulación de los fondos de inversión en España. La moción obligaría a los fondos de inversión y pensiones a dar información sobre el carácter RSC de sus inversiones.
6 Alberto Lafuente,Víctor Viñuales, Ramón Pueyo y Jesús Llaría El presente informe, además de reflejar el actual estado de la cuestión respecto de la filosofía RSC, da cuenta de las políticas públicas en países avanzados: fomento de los incentivos de mercado, medidas tendentes al fomento de la transparencia informativa, apoyo público a distintos estándares RSC. El documento tiene como objetivo último facilitar la reflexión, discusión y elaboración de propuestas de política pública para la promoción de la filosofía de la RSC en España. Entre otras proponemos:
• Educar para que los grupos de interés reconozcan el potencial transformador del enfoque RSC.
• Fomentar la transparencia informativa en asuntos de RSC por parte de las compañías españolas, cotizadas o no, en línea con las iniciativas internacionales descritas en el informe.
• Crear programas de ayuda a empresas que pretendan cumplir con ciertos parámetros RSC.
En España se echan en falta dos normas en vigor en la legislación británica: una ley sobre transparencia informativa de los gestores de inversiones colectivas y una ley que se asemejase a la Corporate Responsibility Act. La Administración Central podría diseñar la figura política de un promotor del ámbito de la RSC al estilo del Minister for Corporate Social Responsibility, cuyo papel político se apunta.
